24 de julio de 2026 a la – 15:42
La Defensa Pública y el TSJE unen fuerzas para garantizar el derecho al voto de las personas privadas de libertad, mediante una red de cooperación, mesas de trabajo y una propuesta de ley electoral.
El Defensor General del Ministerio de la Defensa Pública, Javier Dejesús Esquivel González, y el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Enrique Bogarín González, mantuvieron una reunión con la intención de coordinar acciones concretas para asegurar el ejercicio del derecho al voto de las personas privadas de libertad (PPL) en el país.
Durante la sesión de trabajo, el Defensor General propuso el desarrollo de actividades académicas conjuntas orientadas a capacitar a los operadores de justicia y funcionarios en el fuero electoral.
Esta iniciativa se articularía a través del Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública (ITSDP) y el Instituto Técnico Superior de Formación en Política Electoral de la Justicia Electoral.
Como parte de este acercamiento, se formalizó una invitación al presidente del TSJE para que la institución electoral se sume a la Red Académica del Sector Público, un espacio de articulación promovido por la Defensa Pública para optimizar la formación continua en el Estado.
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En el ámbito operativo, ambas autoridades evaluaron la creación de un proyecto demostrativo que facilite el acceso efectivo de las PPL a los sufragios, en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos.
Para materializar este objetivo, se acordó la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional que reunirá a autoridades nacionales y equipos técnicos encargados de diseñar una hoja de ruta específica.
Por su parte, el ministro Jorge Enrique Bogarín planteó la necesidad de avanzar conjuntamente en la redacción de un proyecto de ley enfocado en la creación de la figura de Defensores Públicos Electorales, una innovación jurídica que dotaría de mayor especialización y respaldo técnico a la representación en este ámbito.
Antecedentes y marco legal
Este nuevo entendimiento se alinea con los mandatos constitucionales y los convenios internacionales que reconocen que las personas procesadas, y aquellas condenadas que no han perdido sus derechos políticos por sentencia firme, conservan su derecho a sufragar.
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El TSJE ha venido desarrollando en procesos electorales previos experiencias piloto de votación en centros penitenciarios, permitiendo que un sector históricamente vulnerado y marginado de los procesos democráticos pueda participar activamente en la vida cívica del país.
Para consolidar estas iniciativas y dar sostenibilidad a los compromisos asumidos, las máximas autoridades de ambas instituciones acordaron avanzar de inmediato en la redacción y suscripción de un convenio marco de cooperación interinstitucional
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