31 de julio de 2026 a la – 07:15
La investigación de la “Mafia del asfalto” sumó nuevos elementos luego de que la Fiscalía sospechara que la empresa que facturó los servicios sería una “firma de maletín”. El fiscal Luis Piñánez explicó cuáles son los indicios que sostienen esa hipótesis.
El Ministerio Público realizó ayer una serie de allanamientos en el marco de la investigación bautizada como la “Mafia del asfalto”, encabezada por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez, con el apoyo de su colega Cristian Benítez.
La causa investiga el presunto uso irregular de maquinarias, operarios y materiales de la Municipalidad de Asunción para beneficiar a emprendimientos privados.
En ese contexto, Piñánez informó que la principal sospecha es que la empresa que emitió las facturas por los servicios contratados sería una “firma de maletín”, denominación utilizada para sociedades constituidas únicamente en documentos con fines ilícitos.
“Para nosotros, por lo que vimos en los allanamientos, aparentemente esa firma no existe”, declaró.
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No encontraron ningún local en la dirección declarada
El fiscal explicó que durante los procedimientos acudieron a la dirección registrada por la empresa, ubicada en Luque, pero no hallaron ninguna oficina ni establecimiento que correspondiera a la firma.
Además, señaló que comerciantes de la zona manifestaron desconocer por completo la existencia de la supuesta constructora.
“Cuando hicimos los allanamientos, no encontramos absolutamente nada. Tomamos entrevistas a personas que tienen sus negocios en ese lugar y desconocen totalmente a esa firma constructora”, expresó.
Piñánez refirió que para verificar la situación de la empresa, solicitó a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) un informe sobre sus movimientos financieros.
Investigan situación de la presunta propietaria
El agente del Ministerio Público indicó que manejan información según la cual Liliana Benítez figura como propietaria de la empresa investigada. Agregó que, de acuerdo con datos extraoficiales, la mujer habría fallecido.
No obstante, aclaró que esa información aún no fue confirmada oficialmente y que ya iniciaron las diligencias para corroborarla.
No descartan otros casos ni nuevos hechos punibles
El fiscal señaló que tampoco se descarta que la empresa haya sido utilizada en otros casos similares.
Respecto a la investigación, explicó que inicialmente fue abierta como una causa innominada y que, por el momento, apunta al supuesto hecho punible de lesión de confianza contra funcionarios municipales. No descartó incluir al intendente Luis Bello (ANR-HC), en su calidad de ordenador de gastos.
“Cuando es una investigación de lesión de confianza, siempre la investigación apunta a los responsables de velar por el patrimonio municipal. Todas estas personas están sujetas a investigación”, declaró.
Asimismo, remarcó que la investigación permanece abierta y que no se excluye la incorporación de otros hechos punibles conforme avancen las diligencias.
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Perjuicio preliminar asciende a G. 600 millones
En cuanto al impacto económico del caso, el fiscal indicó que, de manera preliminar, el perjuicio ocasionado al patrimonio de la Municipalidad de Asunción sería de G. 600 millones.
Aclaró que la cifra podría modificarse a medida que avance la investigación y se incorporen nuevos elementos de prueba.
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