04 de agosto de 2026 a la – 21:20
La Fiscalía formuló imputación contra los presuntos responsables de un esquema cibercriminal que captó a más de 60 víctimas bajo la fachada de inversiones comerciales en China. El perjuicio total denunciado hasta ahora supera los 605 millones de guaraníes. El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para todos los implicados y tiene seis meses para investigar.
La agente fiscal Ruth Karina Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, imputó a cinco ciudadanos paraguayos en el marco del Operativo “YIDA Transfronteriza”. Los procesados son señalados como supuestos autores de un esquema de estafa piramidal que operaba en el ciberespacio a nivel nacional.
Los imputados fueron identificados como Carlos Ramón Segovia Báez, Néstor Manuel Galeano Martínez y Luis Alberto Portillo Ávila, quienes enfrentan cargos por estafa mediante sistemas informáticos, lavado de activos y asociación criminal. Asimismo, Jhonathan Marcelo Segovia Báez y Jorge Rodríguez Morel fueron imputados por los mismos delitos, y se le suma la violación de la Ley de Armas de fuego.
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La investigación revela que la captación de víctimas se realizaba a través de enlaces de WhatsApp compartidos por conocidos o contactos personales. Los grupos eran administrados por números con prefijo de Hong Kong (+852), quienes utilizaban alias como “Wang Qian China” para dar una apariencia de legitimidad internacional.
A los participantes se les ofrecía ganar dinero realizando “tareas” en una plataforma web. El supuesto trabajo consistía en simular compras de mercaderías para abastecer ciudades de China.
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Para “ascender de nivel” y obtener mayores rentas, las víctimas eran inducidas a realizar constantes transferencias de dinero a cuentas bancarias de los ahora imputados en diversas entidades financieras locales.
Pasaban bancos locales a criptomonedas
El esquema habría funcionado con precisión desde enero de 2026 hasta mediados de junio, cuando la plataforma desapareció tras exigir un último pago del 20% en concepto de supuestos impuestos. Según la denuncia policial, el perjuicio patrimonial asciende exactamente a Gs. 605.468.213, afectando a unas 62 personas.
La Fiscalía sostiene que los fondos recibidos en cuentas bancarias nacionales eran convertidos en criptoactivos a través de una plataforma. El análisis de la red Blockchain permitió identificar que el 100% de los fondos lavados terminaba en solo dos billeteras electrónicas, bajo el control de líderes extranjeros.
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Allanamientos y pedido de prisión
En el marco de las investigaciones, se realizaron allanamientos en viviendas situadas en San Ignacio, Misiones, donde residen los procesados. En estos procedimientos se incautaron diversas evidencias, incluyendo criptoactivos y armas.
Debido a la gravedad de los hechos y la complejidad de la estructura criminal, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para todos los implicados.
La Fiscalía requiere además un plazo de seis meses para profundizar la investigación y presentar una acusación formal.
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