La comisión especial de investigación fue creada mediante la Resolución N.º 1903, aprobada por la Cámara Alta, presidida por Basilio “Bachi Núñez” (ANR, HC) el pasado 12 de agosto, pero hasta ahora el Senado no emitió la resolución con la designación de los seis legisladores que deberán conformarla.
La importancia de la conformación e instalación de la comisión especial cobra relevancia tras las irregularidades que la propia Contraloría General de la República detectó en el IPS.
Ayer, el contralor general Camilo Benítez presentó ante el Senado el Informe y Dictamen sobre el Informe Financiero del Poder Ejecutivo correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
Una comisión creada, pero todavía sin integrantes
La Resolución N.º 1903, impulsada por el senador y líder de bancada del cartismo Natalicio Chase, establece la creación de una Comisión Especial de Investigación de carácter transitorio para investigar, hacer seguimiento y esclarecer los presuntos hechos punibles de corrupción detectados en el IPS y el Ministerio de Salud.
El proyecto fue acompañado por los senadores Ever Villalba (PLRA), José Oviedo (Yo Creo), Lizarella Valiente (ANR, HC) y Dionisio Amarilla (PLRA, HC).
El documento establece expresamente que la comisión estará integrada por seis senadores, quienes deben ser designados por el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, en acuerdo con las respectivas bancadas.
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Una vez instalada, la comisión deberá elegir de su seno a un presidente, un vicepresidente y un relator. La resolución le asigna una duración de 180 días hábiles, con posibilidad de prórroga por un plazo igual o menor, y establece que al concluir su misión deberá presentar al pleno del Senado un informe final o conclusión.
Contraloría revela nuevas irregularidades
El retraso adquiere mayor peso político después de la exposición realizada ayer por Camilo Benítez.
El contralor, quien busca su rekutu en el cargo, señaló al IPS como “por lejos” una de las instituciones más desordenadas del Estado. Según explicó, la previsional representa por sí sola alrededor del 40% del universo auditado.
La Contraloría realizó más de 2.000 actividades de control y 40 auditorías durante el periodo analizado. Sin embargo, Benítez expresó preocupación por la falta de avances y de sanciones contra los responsables de las irregularidades detectadas.
G. 625.000 millones en medicamentos e insumos sin explicación
Uno de los datos más graves expuestos por la Contraloría corresponde al ajuste realizado en los registros de bienes de consumo e insumos médicos del IPS.
Tras exigir la sincronización entre el Sistema de Información Hospitalaria y el sistema SAP, se produjo una reducción contable del 45%, generando una brecha de más de G. 625.000 millones que, según la explicación brindada por Benítez, no pudo ser aclarada.
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El contralor planteó dos posibilidades: que los bienes hayan sido registrados incorrectamente o, en el peor de los casos, que los medicamentos hayan desaparecido.
Se trata de un punto especialmente sensible porque el IPS enfrenta simultáneamente problemas de abastecimiento y millonarias deudas con proveedores de medicamentos.
Más de G. 50.000 millones pagados a jubilados fallecidos
Otro hallazgo expuesto por la CGR fue el pago de más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos.
Según el informe, el problema ya había sido advertido en ejercicios anteriores, pero el IPS no realizó un sencillo cruzamiento de datos con el Registro Civil que hubiera permitido detectar a los beneficiarios fallecidos.
La reiteración de las observaciones resulta particularmente relevante para una eventual investigación parlamentaria, considerando que la comisión creada por el Senado tiene entre sus objetivos precisamente el seguimiento y esclarecimiento de presuntos hechos punibles.
El mecanismo de “gastos judiciales” que esquivó licitaciones
La Contraloría también puso el foco en el denominado Rubro 915, correspondiente a gastos judiciales.
De acuerdo con lo expuesto por Benítez, el IPS utilizó acuerdos privados y posteriores homologaciones judiciales para pagar compromisos con proveedores cuyos contratos ya habían vencido, evitando de esa manera los procesos ordinarios de licitación y los controles previos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
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El monto involucrado supera los US$ 25 millones, equivalentes a unos G. 104.000 millones.
El hallazgo coincide además con investigaciones periodísticas que ya habían advertido sobre el uso recurrente de acuerdos transaccionales homologados judicialmente como mecanismo para cancelar deudas con proveedores del IPS.
Deuda superior a G. 1 billón y reservas que se agotarían en 2036
La previsional arrastra una deuda flotante superior a G. 1 billón, situación que limita su capacidad para adquirir insumos con recursos correspondientes al ejercicio en curso. A esto se suma que el Estado y empresas privadas mantienen deudas con el IPS por más de G. 10.000 millones, parte de las cuales habría prescripto por negligencia de funcionarios.
La Contraloría también observó una rentabilidad inferior al 1% en el arrendamiento de inmuebles del IPS y proyectó que las reservas financieras de la institución podrían agotarse hacia 2036.
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