La abogada Cecilia Pérez, representante legal de Hugo Portillo, reclamó que la Fiscalía cite a declarar a la ciudadana venezolana Yecika Magle Bracho Atacho en el marco de la investigación sobre el caso denominado “La Red Desinformante”, que indaga un presunto esquema de utilización de recursos públicos para financiar campañas de ataques digitales.
El pedido surge luego de que Bracho Atacho, señalada como titular de la línea telefónica utilizada por la página Despierta Paraguay (DPY), suscribiera un acuerdo de conciliación ante escribanía pública con el empresario Christian Chena, representado por la abogada Alejandra Peralta de Merlo.
Según pudo acceder ABC, la mujer habría decidido brindar información sobre la operativa detrás de la página y sobre la ejecución de importantes sumas de dinero destinadas a anuncios en redes sociales para atacar a periodistas, medios de comunicación y voces críticas al gobierno de Santiago Peña.
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Solicitan protección para la testigo
Pérez afirmó que la información que podría aportar la ciudadana venezolana resulta relevante para la causa impulsada por su cliente.
“Creemos que la Fiscalía está obligada a citarle a esta persona a declarar en esta investigación fiscal y darle protección de testigos”, manifestó.
La abogada consideró que los datos que Bracho Atacho pueda proporcionar complementarían las diligencias ya iniciadas por el Ministerio Público y permitirían profundizar en las eventuales responsabilidades detrás de la estructura denunciada.
Asimismo, insistió en la necesidad de que la mujer reciba medidas de protección, atendiendo la naturaleza de la información que afirma poseer.
Estatus de refugiada y posible componente político
Pérez recordó que Bracho Atacho cuenta con estatus de refugiada en Paraguay, condición otorgada por la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).
Según argumentó, esta situación agrega un componente político al caso, especialmente por las versiones que apuntan a posibles nexos entre la estructura investigada y sectores vinculados al Gobierno. “Hay que protegerle a esa persona y la información que pueda otorgar; además, debe incluirse formalmente en la investigación de la Fiscalía”, expresó.
La abogada también comparó el caso con investigaciones internacionales vinculadas al consultor político argentino Fernando Cerimedo, mencionando similitudes en los mecanismos de operación y difusión de contenidos digitales.
Añadió que existiría un riesgo para la testigo debido a que manejaría información relacionada con presuntas personas ligadas al oficialismo y con un eventual uso de dinero público para financiar campañas de desinformación y hostigamiento digital.
Hallazgos de otra causa podrían aportar a la investigación
Pérez aclaró que la denuncia presentada por Christian Chena y la impulsada por Hugo Portillo corresponden a procesos distintos y no pueden ser acumuladas por cuestiones procesales.
No obstante, enfatizó que los elementos surgidos en la causa privada podrían resultar útiles para el esclarecimiento de los hechos investigados por el Ministerio Público.
“Si bien la causa de Chena es de acción penal privada, los hallazgos en esa causa son útiles y conducentes al esclarecimiento de los hechos de nuestra denuncia”, sostuvo.
Cuestionan falta de información sobre avances fiscales
Por otra parte, Pérez cuestionó la escasa información que reciben sobre el avance de la investigación encabezada por las fiscales Marlene González, Laura Giacumo y Ruth Benítez.
Indicó que, al no tener acceso a la carpeta fiscal, desconocen qué diligencias fueron realizadas hasta el momento y cuáles son los resultados obtenidos por los investigadores.
En ese contexto, denunció una supuesta “selectividad” por parte del Ministerio Público al momento de compartir información con los denunciantes en causas de relevancia política.
La denuncia por presunta triangulación de fondos públicos
La denuncia presentada por Hugo Javier Portillo Sosa, con patrocinio de los abogados Cecilia Pérez y Ezequiel Santagada, apunta a responsables del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y otras instituciones públicas.
La acción penal sostiene que existiría un esquema de triangulación de recursos estatales originalmente destinados a programas sociales para financiar campañas de hostigamiento digital.
Lea aquí el especial de ABC sobre La Red Desinformante
De acuerdo con la presentación, publicaciones periodísticas vinculan a la firma colombiana Digimarketing SAS como presunto nexo entre la pauta oficial de programas estatales como Hambre Cero, Che Róga Porã y el Plan SUMAR, y la página Despierta Paraguay, señalada como uno de los principales instrumentos de la estructura denominada “La Red Desinformante”.
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