Siguen queriendo dar oxígeno a la moribunda Copaco – Editorial

La Cámara de Diputados tiene en estudio un proyecto de ley presentado por José Rodríguez (ANR, cartista), que “autoriza la transferencia laboral excepcional del personal de Copaco a instituciones del Estado”, para atenuar la gravísima crisis financiera que esa entidad estatal arrastra desde hace largos años. Se trata, pues, de una suerte de salvavidas que se lanzaría a costa de otros organismos estatales, es decir, de los contribuyentes en general.

En realidad, el flotador resultaría inútil porque la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA ya está hundida. Por lo demás, afectaría a unas entidades públicas por lo general ya abarrotadas de personal superfluo. Lo que se pretende es recargarlas aún más para intentar en vano la resurrección de una compañía que ya perdió el tren de la historia de las telecomunicaciones y que arrastra una deuda de 831.000 millones de guaraníes, teniendo unos ingresos mensuales de 24.000 millones, según declaró a la prensa su presidente interina, Natalia Borgognon. Como los empleados no debieron superar un concurso público de oposición, el proyecto de ley supondría crear una “puerta giratoria”, según la misma fuente, en el sentido de que se ingresaría en la Copaco SA para pasar luego a la función pública, sin haber demostrado méritos ni aptitudes.

Si fuera una empresa privada, ya se habría declarado en quiebra hace mucho tiempo, pero allí sigue, sobrecargando las finanzas públicas. Para ir saldando sus cuantiosas deudas, solo le restaría “vender las joyas de la abuela”, esto es, sus inmuebles, porque los ingresos por la prestación de servicios están muy lejos de ser suficientes. Desde luego, lo mismo cabe decir de su filial de telefonía móvil. En efecto, ante una emisora, el gerente general de la Copaco SA, Gilles García, admitió que la empresa “está muy mal financieramente”, pero negó que esté en quiebra y anunció que se buscan inversionistas, algo que sería muy difícil hallar, debido a la saturación del mercado.

Por si fuera poco, en enero último se detectó en la compañía un desvío de 1.119 millones de guaraníes, mediante la falsificación de facturas, perpetrada por dos funcionarios a lo largo de meses o incluso años. Es hora de sincerarse y de concluir que no vale la pena seguir arrastrando semejante lastre, en detrimento de los fondos requeridos para la salud, la educación y la seguridad públicas.

Así las cosas, y dado que el Estado paraguayo, como muchos otros latinoamericanos, es un pésimo empresario, lo que correspondería es privatizar –o en último caso, liquidar– la Copaco SA –heredera de la Administración Nacional de Telecomunicaciones– convertida en 2001 en una supuesta sociedad anónima bajo otro nombre, como paso previo a su transferencia al sector privado. Lo que queda claro es que urge que el pueblo paraguayo se desprenda de la fracasada compañía, porque no puede permitirse continuar cargando un barril sin fondo.

Vale volver a recordar que el 4 de enero de 2024, el Presidente de la República dijo que “es muy complicado invertir en una empresa que está prácticamente en quiebra”, lo cual es indiscutible. Curiosamente, sin embargo, agregó que no estaba en sus planes vender ni cerrar la Copaco SA, sino “recuperar a la empresa pública”. Con toda evidencia, no la ha recuperado, lo cual es comprensible, dado que, en efecto, resulta muy difícil invertir en una empresa en bancarrota, metida en un atolladero. Es de preguntarse, por tanto, qué piensa hacer con ese barril sin fondo, por el que se pierden 12.000 millones guaraníes mensuales, en concepto de salarios para 1.500 empleados, cuyos servicios no serían en absoluto imprescindibles para la buena marcha del país.

Por lo tanto, los diputados harán bien en rechazar la iniciativa en cuestión, que no pasa de ser un artilugio más para tratar de mantener una situación realmente insostenible.