Según consta en el acta de imputación formulada por la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, los investigadores reconstruyeron con precisión cómo se habrían drenado más de 1.100 millones de guaraníes de la entidad estatal para ser depositados directamente en cuentas particulares.
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El escrito fiscal detalla que la maniobra no provino de un ataque informático externo ni de un ciberdelito de terceros. Por el contrario, la representación fiscal imputó a los involucrados señalando que el dinero fue sustraído desde adentro, mediante el uso no autorizado de credenciales institucionales y la alteración deliberada del Sistema Administrativo Financiero (SAF) de la telefónica.
“El acta de imputación fiscal concluye que el esquema consistía en simular pagos a la Municipalidad de Asunción para autorizar las salidas bancarias, redirigiendo el dinero a cuentas privadas”, dice el escrito.
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Las Claves de la Imputación Fiscal
- Monto imputado: El Ministerio Público documentó transferencias irregulares por más de G. 1.119 millones en solo una de las cuentas bancarias de la telefónica durante 2025.
- Calificación procesal: La fiscalía sostiene elementos probatorios sobre carga de facturas apócrifas, transferencias interbancarias sin respaldo real y posterior supresión de registros contables.
- Evidencia pericial: Las pistas de auditoría informáticas integradas en el expediente fiscal registraron de forma indeleble el usuario, la fecha y la hora exacta en que se eliminaron los asientos.
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Simulación de pagos y “maquillaje” de facturas
Según los hechos descritos en la imputación, el engranaje del presunto fraude operaba bajo una fachada de rutinaria legalidad.
Aprovechando el acceso a los sistemas internos y el control sobre las transferencias interbancarias, los imputados registraban supuestas órdenes de pago destinadas a saldar deudas con la Municipalidad de Asunción.
Sin embargo, una vez autorizadas las salidas financieras mediante los mecanismos institucionales, los fondos nunca ingresaban a las arcas municipales.
La fiscalía sostiene en su imputación que el dinero era desviado en forma sistemática a cuentas personales de funcionarios encargados de la administración financiera y de personas allegadas.
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La investigación ubica el inicio de estas maniobras a principios de 2023, extendiéndose durante los años 2024 y 2025.
La anomalía que destapó la maniobra
De acuerdo con la relación de hechos presentada ante el juzgado, el esquema comenzó a desmoronarse a inicios de enero de 2026. Una revisión contable interna detectó un registro inusual por un monto superior a los 843 millones de guaraníes, respaldado supuestamente en 20 facturas municipales.
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La cifra encendió de inmediato las alarmas: aunque la entidad mantiene compromisos de pago con el municipio, las cuotas autorizadas representaban sumas considerablemente menores.
El documento fiscal señala que, tras requerirse explicaciones sobre el abultado registro, el asiento contable fue eliminado por completo del sistema informático.
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Pese al intento de borrar las evidencias, las pericias técnicas de la fiscalía lograron recuperar las “huellas digitales” del sistema informático, identificando al usuario involucrado.
Posteriormente, al reincorporarse de su receso de vacaciones, los procesados intentaron justificar los movimientos presentando un legajo con 16 facturas físicas.
No obstante, el escrito de la imputación subraya que las verificaciones constataron que dichos documentos no coincidían ni en montos, numeración ni cantidad con los datos cargados y posteriormente borrados del sistema.
Doble impacto: desvío millonario en una empresa en crisis
En la argumentación del Ministerio Público se pone de relieve la gravedad del perjuicio, considerando la severa crisis económica que atraviesa la telefónica estatal. La institución arrastra un millonario déficit operativo, compromisos acumulados con la seguridad social y el fisco, así como atrasos en el pago de salarios a su personal.
Para afrontar sus compromisos urgentes, la empresa pública se ha visto obligada a subastar bienes inmuebles. En este contexto, la representación fiscal enfatizó que la sustracción continuada de recursos no solo configura delitos contra el patrimonio público, sino que agrava el impacto sobre la estabilidad institucional.
El proceso penal continúa su curso fijando los plazos correspondientes para la investigación final, mientras la fiscalía analiza otras cuentas bancarias y sistemas informáticos sin descartar la ampliación del monto del perjuicio patrimonial.
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