21 de julio de 2026 a la – 00:23
La Codehupy, el SPP y la familia del periodista Santiago Leguizamón, realizaron un acto en la Plaza del Periodista, de Pedro Juan Caballero y exigieron que el Estado paraguayo cumpla con el alcance de la sentencia condenatoria dictada en el 2022.
Un acto público para exigir el cumplimiento de la sentencia condenatoria dictada en contra del Estado de Paraguay por el asesinato del periodista Santiago Leguizamón Zaván, se llevó a cabo este lunes en la Plaza del Periodista, situada en Pedro Juan Caballero, en el mismo lugar en que mataron al comunicador el 26 de abril de 1991.
El evento fue organizado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y la familia del extinto periodista.
Durante el acto, Dante Leguizamón, hijo de Santiago y secretario ejecutivo de Codehupy, recordó que el asesinato de su padre, no solo arrebató la vida de un periodista comprometido con la verdad, sino buscó silenciar una forma de ejercer el periodismo en la frontera.
“Hoy no estamos aquí solamente para recordar a Santiago Leguizamón, estamos aquí para exigir que el Estado cumpla con su obligación de reparar, reconocer su responsabilidad y de garantizar que hechos como este no vuelvan a repetirse”, exclamó el portavoz de Codehupy y de la familia Leguizamón.
El crimen de Leguizamón y la sentencia al Estado paraguayo
El 26 de abril de 1991, el periodista Santiago Leguizamón Zaván, fue asesinado tras ser interceptado por sicarios que se movilizaban en un automóvil y atacado a tiros; tras el hecho, sus verdugos huyeron raudamente. El hecho ocurrió sobre Doctor Francia y José de Jesús Martínez, de esta capital departamental, donde se erigió un monumento en memoria del extinto comunicador y el lugar pasó a ser conocido como “La Plaza del Periodista”.
Lea más: Protección a periodistas se sigue dilatando a 35 años del asesinato de Santiago Leguizamón
El 16 de diciembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaró culpable al Estado paraguayo por el asesinato del periodista; la entidad internacional consideró que el Estado fue responsable de la violación de sus derechos a la libertad de expresión y de pensamiento, la integridad física y la vida.
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