Detrás de las cifras del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 —ya conocidas: un déficit de 3,9% del PIB y una necesidad de financiamiento de US$ 2.100 millones— hay una decisión política que el ministro de Economía, Óscar Lovera, explicó con inusual franqueza en una entrevista con el programa Mesa con EVP: el Gobierno eligió absorber ahora, en los últimos años de su gestión, una deuda de arrastre que podría haber trasladado sin costo político inmediato a la próxima administración.
Esa decisión, más que el número en sí, es la clave para entender por qué el déficit se dispara este año y el próximo, y por qué el equipo económico insiste en que se trata de un fenómeno transitorio y no de un descontrol estructural de las cuentas públicas.
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Pagar antes de irse: la lógica detrás del salto del déficit
Según relató Lovera, al asumir el frente del Ministerio de Economía hace cinco meses recibió una instrucción directa del presidente de la República: resolver los atrasos acumulados con las constructoras viales (US$ 220 millones) y con los proveedores del sector salud (US$ 1.050 millones), una deuda combinada de US$ 1.270 millones que el Estado arrastraba sin reconocer plenamente en ejercicios anteriores.
La opción más sencilla, políticamente hablando, hubiera sido diferir ese ajuste. En cambio, el equipo económico decidió incorporar el pago dentro de la trayectoria fiscal del PGN 2027, lo que dispara el déficit a 3,9% este año, pero —según el ministro— permite que Paraguay retorne a la meta legal de 1,5% del PIB en 2028, el último año de esta administración. Es, en los hechos, una apuesta a cerrar la gestión con las cuentas ordenadas y sin dejarle ese pasivo al gobierno que asuma en agosto de ese año.
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El riesgo de leer mal una partida presupuestaria
Uno de los pasajes más reveladores de la entrevista tuvo que ver con la forma en que se interpretan públicamente los números del presupuesto. Lovera puso como ejemplo una partida que, aislada de su contexto, genera sospechas: “alquiler de equipos de computación”. Tomada de manera literal, la denominación sugiere gasto en notebooks o computadoras de oficina. En los hechos, corresponde a los pagos que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) hace por las máquinas de votación, necesarias porque en noviembre de 2027 Paraguay tendrá elecciones internas.
El ejemplo no es menor: expone cuán fácil es que una crítica al presupuesto se construya sobre una lectura superficial de sus rubros, sin cruzar la denominación contable con la institución y el destino real de los fondos. Es un llamado de atención tanto para el debate público como para la forma en que el propio Estado comunica sus partidas.
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Salud: de la improvisación a un mecanismo estructural
Lovera contó que, junto a las ministras de Salud María Teresa Barán, y de Obras, Claudia Centurión, se trabajó durante meses en determinar cuál es el “nivel óptimo” de recursos que el Ministerio de Salud Pública necesita para no volver a generar atrasos: unos US$ 750 millones, según el cálculo conjunto entre ambas carteras económicas.
La novedad estructural, más que el monto en sí, es el mecanismo: por primera vez el presupuesto separará en dos líneas diferenciadas la compra de nuevos medicamentos e insumos y el pago de la deuda acumulada. Hasta ahora, ambos conceptos competían por los mismos recursos dentro de una sola partida, lo que explica en parte por qué los atrasos con farmacéuticas y proveedores se acumularon en primer lugar.
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Una reforma silenciosa: planificar cuánta gente necesita el Estado
El otro dato que no apareció en la cobertura numérica del presupuesto es la mención, casi al pasar, de un cambio de fondo en la gestión de recursos humanos del Estado. Al amparo de la nueva Ley del Servicio Civil, el Ministerio de Economía desarrolla una herramienta de “planificación de la fuerza laboral”: determinar, a partir de las funciones de cada institución, cuántas personas necesita realmente cada nivel del Estado para prestar sus servicios.
El dato de contexto que dio Lovera ilustra la magnitud del desafío: solo docentes (90.000) y funcionarios de Salud (70.000) suman 160.000 personas; sumando policías y militares, la cifra supera los 210.000, más unos 80.000 cargos administrativos. Es, en la práctica, el primer paso hacia una discusión pendiente en Paraguay desde hace años: si el tamaño y la distribución del empleo público responden a una planificación racional o a la acumulación histórica de cargos.
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La apuesta y su riesgo
El propio Lovera reconoció el límite de su argumento: la trayectoria de retorno al 1,5% de déficit en 2028 depende de que el Congreso no reasigne recursos de manera que altere el esquema, y de que no vuelvan a generarse nuevos atrasos mientras se cancelan los viejos. Es, en definitiva, una apuesta de mediano plazo que la actual gestión hace a costa de mostrar hoy un déficit más alto, con la promesa de dejarle a la próxima administración un Estado sin la mochila de deuda que ella misma recibió en 2023.
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