24 de agosto de 2026 a la – 21:41
El viceministro de Seguridad Interna, Carlos Benítez, afirmó, en el marco de la manifestación médica, que la Policía Nacional prioriza el libre tránsito sin recurrir al uso de la fuerza contra los manifestantes. Sin embargo, advirtió que el fracaso de las negociaciones, en algunos casos, obliga a replantear el esquema de seguridad.
La multitudinaria marcha de profesionales de la salud que copó las calles de Asunción encendió las alarmas. En el arranque de la huelga, entre 1.800 y 2.000 médicos se movilizaron por la capital en reclamo de reivindicaciones laborales y mejoras presupuestarias, y provocó complicaciones en el tráfico.
Ante este complejo panorama, el viceministro de Seguridad Interna, Carlos Benítez, explicó durante una entrevista por ABC TV, que la postura institucional de la Policía Nacional se enfoca en encontrar un punto de equilibrio constitucional.
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El funcionario señaló que la prioridad del comando policial es habilitar vías alternativas y realizar desvíos preventivos. Asimismo, busca evitar las viejas prácticas de intervención violenta que en el pasado derivaban en el despliegue de carros hidrantes, balines de goma, gases lacrimógenos y la policía montada.
El uso de la fuerza como último recurso
El viceministro enfatizó que recurrir a la fuerza pública en movilizaciones masivas no suele arrojar resultados satisfactorios y corre el riesgo de transformarse en el detonante de tragedias lamentables.
Benítez comparó el comportamiento del gremio médico con la experiencia histórica de las marchas impulsadas por la Federación Nacional Campesina (FNC). Destacó que, cuando existe planificación previa, respeto a las rutas trazadas y disciplina en los horarios, es posible garantizar la libertad de expresión sin generar ningún tipo de caos.
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No obstante, las autoridades recordaron que el derecho a manifestarse no otorga impunidad ni deroga las normativas vigentes sobre el libre tránsito, en referencia a la ley conocida como del “marchódromo”.
Los antecedentes de los desbordes urbanos y bloqueos sistemáticos son remitidos de forma directa al Ministerio Público, organismo que ya cuenta con investigaciones abiertas y órdenes de captura contra dirigentes que lideraron cierres de rutas violentos o intolerantes en movilizaciones anteriores, según detalló el viceministro.
Alerta por la radicalización del paro
La falta de acuerdos entre las autoridades del Ministerio de Salud y los voceros del gremio blanco durante la primera jornada de huelga modificó de forma drástica las proyecciones de las fuerzas de seguridad.
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Ante el anuncio de los sindicatos de extender las medidas de fuerza de manera indefinida, el comando institucional de la Policía Nacional mantuvo reuniones de coordinación con la Fiscalía para ajustar los procedimientos a partir de las próximas horas, según informó.
Aclararon que las garantías constitucionales también amparan a los trabajadores de la salud y ciudadanos que deciden no plegarse al paro y necesitan desplazarse hacia sus puestos de trabajo, estudios o cualquier otro sitio.
Ante la amenaza de un escenario con una medida de fuerza más dura y mayores tensiones en los accesos a la capital, se prevé un dispositivo de seguridad reforzado, con la premisa de mantener los canales de diálogo abiertos y evitar choques directos en las calles, expresó el viceministro.
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