En un documento de análisis fechado el 27 de agosto, el consultor en energía, Ing. Guillermo López Flores, sostiene que los múltiples foros, paneles y artículos publicados en las últimas semanas sobre el futuro energético del país, entre ellos la Mesa Energética Nacional, muestran que “los paraguayos sabemos cada vez mejor qué hay que hacer para enfrentar nuestro desafío energético”.
El experto cita como referencia el reciente trabajo del Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE), que identifica alternativas de generación, costos, factores de planta y cronogramas para diversificar la matriz energética nacional.
Sin embargo, plantea que existe una pregunta que nadie está respondiendo: “¿Y cómo lo hacemos?”. Según el análisis, “no conozco una persona que sepa o un foro que debata el cómo hacer”.
El problema no es de ingeniería, sino de instituciones
Para López Flores, Paraguay cuenta con el “hardware” necesario: ingenieros, empresas constructoras, experiencia en grandes obras como Itaipú y Yacyretá, y una infraestructura eléctrica consolidada. Lo que falta, afirma, es el “software institucional”, es decir, el conjunto de leyes, reglas, procedimientos y mecanismos de decisión que transforman un recurso en una inversión real.
El documento plantea una serie de preguntas que, según el consultor, hoy no tienen una respuesta clara dentro del esquema institucional vigente: quién identifica y prioriza los proyectos energéticos, quién licita, quién fija las tarifas, quién controla a la empresa pública y quién evita que una misma entidad sea “simultáneamente operador, regulador y juez”.
El consultor también apunta a una economía política del sector: los técnicos paraguayos, formados durante décadas dentro de un modelo de monopolio verticalmente integrado, conocen en profundidad el sistema eléctrico estatal, pero, según su análisis, tienen menor experiencia en cómo se estructura un proyecto “bankable”, cómo se diseña un mercado eléctrico o cómo se atrae capital privado de largo plazo.
Un modelo de 62 años que llegó a su límite
El análisis sitúa el origen del problema en la Ley 966/64, que desde hace 62 años organiza el sector eléctrico paraguayo alrededor de ANDE, concebida simultáneamente como empresa generadora, transmisora, distribuidora, planificadora y autoridad sectorial.
Ese modelo, sostiene López Flores, funcionó en una época de “mercado mínimo”, pero no fue diseñado para un escenario con múltiples tecnologías, capital privado, contratos de largo plazo e interconexiones internacionales.
El documento cita como referencia externa que el propio IPPSE identifica un “lapso crítico 2028-2030”, con estimaciones de hasta 14 años para proyectos como Itatí-Itacorá y 13 años para Corpus.
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La propuesta: separar funciones que hoy están concentradas
El consultor plantea una reforma institucional basada en separar claramente funciones que hoy, según su diagnóstico, están concentradas en un solo actor. Propone que la política energética quede en manos de un Ministerio de Energía, que la planificación recaiga en un Instituto de Planificación Energética, y que la regulación sea ejercida por un Ente Regulador independiente.
A eso suma la necesidad de un operador del sistema separado, un administrador del mercado eléctrico, la coexistencia de empresas públicas y privadas en la operación, y un organismo corporativo especializado encargado de la supervisión de las empresas del Estado.
Esta separación de funciones coincide con tres proyectos legislativos actualmente puestos a consideración de la ciudadanía: la Ley General de la Industria Eléctrica, un proyecto de 178 artículos presentado por el senador Salyn Buzarquis; y dos iniciativas del Poder Ejecutivo para la creación de un Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos y de un Ente Regulador de Energía.
“Una empresa no puede ser al mismo tiempo jugador, árbitro y autor del reglamento”, resume López Flores en su análisis.
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Anexo C: importante, pero no la verdadera reforma
El especialista dedica un apartado de su análisis a diferenciar la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú de la reforma institucional que propone. Considera que el Anexo C “trata, esencialmente, de cómo se distribuye y aprovecha una renta energética finita”, mientras que la reforma sectorial podría cambiar “la trayectoria de crecimiento del Paraguay”.
“La revisión del Anexo C pertenece a la agenda de la renta; la reforma institucional pertenece a la agenda del desarrollo”, afirma López Flores, al advertir contra el riesgo de que el país concentre su energía política en discutir el reparto de la renta eléctrica actual mientras posterga la construcción de las instituciones necesarias para transformar esa energía en desarrollo económico.
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