Mientras el gabinete económico celebra los indicadores de inflación controlada, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la atracción de inversiones, el costo de la canasta básica sigue siendo un castigo cotidiano. Productos esenciales como la carne, los lácteos, el pan y las verduras consumen entre el 40% y el 50% de los ingresos en los hogares de menores recursos.
A este escenario se suma la volatilidad en los precios de los combustibles. Tras un breve pasaje de rebajas publicitadas en los primeros meses de gestión, los precios de Petropar (como el Diésel Porã a G. 8.290 por litro) terminaron ajustándose al alza por encima de los niveles iniciales de su mandato, trasladando el costo del flete directamente a las góndolas.
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Vivienda social: menos del 7% de avance
Uno de los ejes donde más se evidencia la brecha entre la retórica electoral y la capacidad operativa del Estado es el sector habitacional. En campaña, Santiago Peña fijó una meta ambiciosa: la entrega de 500.000 soluciones habitacionales para reducir el déficit histórico del país.
Sin embargo, al cumplirse un nuevo ciclo de gestión, las cifras oficiales difundidas por el propio Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) revelan la magnitud del retraso:
- Viviendas gestionadas: 46.140 unidades (que equivalen al 9,2% de lo prometido)
- Viviendas entregadas de forma efectiva: 33.620 unidades
Esto significa que, tras superar la mitad de su mandato, el Gobierno apenas ha logrado entregar el 6,72% de las soluciones prometidas. Si bien desde el MUVH destacan estos números como un avance frente a administraciones anteriores, la proyección actual resulta matemáticamente insuficiente para acercarse a la promesa inicial.
A esto se suma la limitada penetración del programa estrella Che Róga Porã, cuyos créditos han beneficiado mayoritariamente a sectores con ingresos superiores a los G. 5 millones, dejando al margen a las familias de salario mínimo o empleos informales, donde se concentra la mayor precariedad habitacional.
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Empleo: la trampa de la informalidad opaca la meta
El compromiso de campaña de crear 500.000 nuevos puestos de trabajo contrasta con la radiografía del mercado laboral presentada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Mientras el Gobierno suma a su discurso la incorporación natural de nuevos ocupados al circuito económico, la calidad de esas plazas laborales expone una realidad crítica, ya que la tasa de informalidad sigue anclada por encima del 60%, afectando a más de 1,7 millones de trabajadores que se desempeñan en la vulnerabilidad, sin seguro social ni garantías jubilatorias.
En el segmento joven (15 a 19 años), el trabajo precario alcanza un alarmante 89%, demostrando que el crecimiento económico pregonado desde el Poder Ejecutivo no se está traduciendo en empleo formal de calidad.
Una gran porción de las cifras que el oficialismo computa como “nuevos empleos” corresponden a puestos por cuenta propia de baja productividad, subempleo y changas de supervivencia.
A falta de dos años para la conclusión del mandato, la incapacidad de generar mecanismos reales de formalización y la persistencia de miles de trabajadores que no alcanzan a percibir ni el salario mínimo legal evidencian que la meta de las 500.000 plazas corre el riesgo de quedar reducida a una prometedora cifra de campaña, lejana de la experiencia cotidiana de las familias paraguayas.
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Salud pública: desabastecimiento crónico y fuga masiva de médicos
El sector de la salud atraviesa una de sus crisis operativas y de recursos humanos más agudas en años. La promesa de campaña de eliminar las rifas y polladas para adquirir remedios choca de frente con el permanente desabastecimiento en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Hospital Nacional de Itauguá (HNI), donde los familiares de pacientes deben endeudarse para costear desde fármacos oncológicos de alto valor hasta insumos básicos como hilos de sutura o sueros.
A este calvario para los usuarios se suma un nuevo y peligroso frente: el agotamiento del personal de blanco. La falta de actualización salarial y las precarias condiciones edilicias y de recursos para atender a sus pacientes, desencadenaron una renuncia masiva de médicos y especialistas en la red de hospitales públicos.
Los profesionales prefieren volcarse al sector privado o al exterior antes que sostener un sistema asistencial colapsado y desprovisto de herramientas elementales para la atención digna.
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Transporte público: la ambiciosa reforma que no se siente en la calle
En las calles del área metropolitana, la rutina de miles de trabajadores sigue marcada por la angustia y la incertidumbre. Pese a que el Gobierno promueve la puesta en marcha de un proyecto de ley de reforma integral del transporte público, prometiendo cambios en el modelo de concesiones, renovación de flota y reorganización de itinerarios, el efecto concreto de este plan es invisible para la ciudadanía.
En la práctica cotidiana, las empresas de transporte continúan implementando impunemente “reguladas” de frecuencia, obligando a los usuarios a esperar horas bajo el sol o la lluvia y a viajar en unidades hacinadas u obsoletas.
Mientras la reforma formal se dirime en los despachos ministeriales, el Estado continúa desembolsando millonarias sumas en subsidios a los empresarios transportistas sin que exista una contraprestación real ni mejoras perceptibles en el servicio.
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Margen ajustado para cerrar el periodo
Con el calendario político avanzando hacia el tramo final de su mandato, la administración de Santiago Peña encara sus últimos dos años con un margen de maniobra cada vez más reducido.
Si la pregonada solidez macroeconómica no se traduce en viviendas entregadas, medicamentos en los hospitales, ómnibus con buena frecuencia y alivio en la canasta familiar, el balance final de su gobierno quedará marcado por la distancia entre los discursos de campaña y la realidad del paraguayo de a pie.
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