El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que reforzará los controles sobre el gasto público y que prepara cambios en los sistemas de registro de las obligaciones del Estado, esto con el objetivo de evitar una nueva acumulación de atrasos con proveedores y contratistas. Las medidas forman parte del nuevo escenario fiscal que el Gobierno deberá incorporar al proyecto de PGN 2027.
El equipo técnico del MEF, presentó esta semana el informe de situación financiera (Situfin), en el que expuso la situación de las cuentas públicas y las medidas previstas para los próximos años. En la oportunidad, la cartera económica explicó que trabaja en los ajustes finales del PGN 2027, que deberá ser presentado al Congreso Nacional el próximo 1 de septiembre. Las cifras definitivas de ingresos, gastos, déficit y endeudamiento todavía no fueron divulgadas y refirió que los datos se conocerán con la presentación oficial del proyecto.
Ya semanas atrás, el propio ministro del MEF, Óscar Lovera, explicó que el nuevo escenario fiscal contempla un déficit de 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 y de 3,9% para 2027. En cuanto a la trayectoria prevista para finales de este Gobierno, refirió que apunta a reducrise hasta 1,8% del PIB.
Esta semana, Nathalia Rodríguez, y el director general de Política Macro Fiscal, Marcelo Rodríguez, explicaron que el ajuste fiscal responde a la acumulación de obligaciones pendientes y a una aceleración en la ejecución de contratos que estaban previstos para períodos posteriores. Afirmaron que el Gobierno busca regularizar esos compromisos sin afectar el gasto destinado a programas sociales y otras prioridades.
Dentro de las medidas de contención, también se busca limitar la ejecución del gasto durante el presente ejercicio y evitar incrementos respecto de los niveles registrados el año anterior.
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¿Se modificará la Ley de Responsabilidad Fiscal?
En cuanto a la posibilidad de modificar la Ley de Responsabilidad Fiscal, refirieron que a la fecha no existe una propuesta concreta de modificarla y que lo que sí se contempla es el cumplimiento de la normativa hacia fines de este gobierno.
Afirmaron que desde el MEF se contempla una nueva emisión de bonos, que estará destinada a cubrir las necesidades presupuestarias y las obligaciones pendientes que sean susceptibles de incorporación.
En cuanto a los montos definitivos de gastos, ingresos, déficit y endeudamiento refirieron que los mismos serán informados en septiembre, una vez que concluya el proceso de revisión del anteproyecto. Agregaron que durante este mes los técnicos del MEF trabajan junto con los funcionarios del Viceministerio de Administración y Finanzas en la definición de estas cifras.
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Control antes de asumir nuevos compromisos
En otro orden de información, ABC Color remitió en junio de este año una serie de consultas al equipo técnico del MEF sobre el Decreto N° 6120/2026, que establece medidas de optimización, priorización y gestión eficiente del gasto público. En julio, el diario volvió a consultar sobre la situación fiscal. El MEF respondió este mes, luego de ajustar su hoja de ruta fiscal y reconocer que el déficit aumentará en los próximos dos años.
Según los documentos remitidos, el MEF hará el control del gasto antes de la contratación de servicios con proveedores del Estado. Además, explicó que los sistemas de información financiera avanzan hacia una mayor incorporación de los registros de ingresos y gastos de la operación.
Respecto al Decreto N° 6120/2026, el MEF sostiene que sus restricciones permitirán contener el crecimiento del gasto en aproximadamente 0,4% del PIB. La brecha máxima de contención se ubica en unos US$ 262 millones (G. 1,6 billones).
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MEF bloquea contrataciones antes de generar nuevos compromisos
Uno de los mecanismos establecidos por el decreto indica que los procesos de contratación no avanzarán si es que no cumplen con las restricciones fijadas por la normativa.
Según explicó el equipo técnico del MEF, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) recibió la instrucción de no dar curso a los procesos que incumplan las disposiciones. De esta forma, el control se aplicará antes de que se genere el compromiso financiero. La cartera económica sostiene que este mecanismo permitirá controlar la cadena del gasto antes de la generación de nuevas obligaciones.
El decreto también establece que determinadas migraciones de saldos no ejecutados del Plan Financiero requieren autorización previa del MEF, a través del Viceministerio de Administración Financiera. De acuerdo con la explicación oficial, “los organismos no pueden reasignar esas cuotas sin autorización expresa”.
Asimismo, el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) permite al MEF realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria por entidad y subgrupo de gasto. Las máximas autoridades, los ordenadores de gasto, las Unidades de Administración Financiera (UAF) y las Unidades Operativas de Contrataciones (UOC) quedan como responsables del cumplimiento.
¿Qué gastos están bajo el control del Decreto 6120?
Las restricciones se concentran en determinadas categorías de gastos que el Gobierno considera no prioritarias. Entre ellas figuran equipos de oficina y computación, bienes de consumo e insumos administrativos, servicios de ceremonial, catering y eventos. También se incluyen adquisiciones de inmuebles, terrenos y determinadas obras de uso institucional.
Sin embargo, el MEF aclaró que las obras o proyectos que ya tengan compromisos asumidos no serán suspendidos. La restricción se aplicará principalmente al inicio de nuevos procesos de contratación dentro de las categorías alcanzadas por el decreto.
También existen excepciones para adquisiciones necesarias para servicios esenciales, sistemas tecnológicos estratégicos de recaudación, salud, seguridad y educación. La medida tampoco alcanza a proyectos con financiamiento externo.
En el caso de inmuebles, terrenos y obras de uso institucional, quedan exceptuados el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), dentro de sus funciones misionales.
Ajuste busca contener hasta G. 1,6 billones de gasto
El MEF explicó que el decreto no elimina partidas presupuestarias. En cambio, establece techos operativos de ejecución. La brecha de contención máxima proyectada es de aproximadamente US$ 262 millones (G. 1,6 billones).
El equipo técnico señaló además que los seis subgrupos de gasto alcanzados por las restricciones registraron en 2025 una ejecución neta de US$ 800.000 (G. 4.799 millones), excluidos los gastos esenciales. Para 2026, esas mismas categorías cuentan con un crédito vigente superior. Sin embargo, el techo establecido busca limitar su ejecución al nivel registrado durante el año anterior.
Según el documento remitido, la estimación oficial es que las medidas permitan contener el crecimiento del gasto en aproximadamente 0,4% del PIB. El MEF aclara que este monto no constituye un ahorro presupuestario directo. Se trata de una contención frente al nivel de gasto que se habría alcanzado sin las restricciones.
MEF prepara cambios para registrar mejor las obligaciones del Estado
El segundo frente de acción está relacionado con la forma en que se registran las obligaciones del Estado. El equipo técnico sostiene que el déficit fiscal publicado por Paraguay se calcula de acuerdo con el marco legal y metodológico vigente. A su vez, el sistema presupuestario y de gestión financiera se basa actualmente en la ejecución presupuestaria y en la programación financiera asociada al flujo de caja.
Al mismo tiempo, el MEF impulsa mejoras en los sistemas de registro y control de obligaciones. Entre las herramientas mencionadas figura el Sistema de Gestión de Bienes y Servicios (Sigebys), junto con otras reformas orientadas a avanzar hacia estándares internacionales y aumentar la incorporación del criterio de devengado.
Según el MEF, este proceso requiere cambios normativos, tecnológicos y operativos. El objetivo es disponer de información más completa y oportuna sobre las obligaciones del Estado. La cartera económica sostiene que el actual cálculo del déficit se ajusta a la normativa vigente. A la vez, reconoce la necesidad de modernizar los mecanismos de registro para contar con una visión más completa de los compromisos financieros.
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Regularización de atrasos se extenderá hasta 2027
El MEF también informó que implementa una estrategia para regularizar las obligaciones pendientes con proveedores y contratistas. La programación y calendarización de pagos indica que prioriza los sectores de salud e infraestructura, según las respuestas oficiales.
El equipo técnico señaló que trabaja en una estrategia que apunta a cancelar la totalidad de las obligaciones pendientes entre este año y el próximo. Sin embargo, el MEF no detalló cuánto de esas obligaciones será cancelado durante 2026 y cuánto quedará para 2027.
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