28 de julio de 2026 a la – 22:16
La Coordinadora de Víctimas emitió un comunicado con el que denuncian la mora judicial y el blanqueo a exujieres implicados en el despojo de salarios. La agrupación de ciudadanos reclama rastrear los bienes no justificados de la exjueza Analía Cibils y exige indemnización estatal para los afectados.
La Coordinadora de Víctimas de la “Mafia de los Pagarés”, organización que nuclea y representa a más de 17.000 familias damnificadas por embargos irregulares, emitió este martes un pronunciamiento público para exigir castigos ejemplares y alertar sobre llamativas maniobras que buscan otorgar impunidad en el proceso judicial.
Si bien el gremio consideró positivo que el Tribunal de Apelación de la Capital haya confirmado la elevación a juicio oral de una de las causas que involucra a la exjueza de Paz del distrito de La Encarnación, Carmen Analía Cibils Miñarro, los afectados manifestaron su preocupación por la lentitud con la que avanza el caso.
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Las víctimas exigen al Poder Judicial y al Ministerio Público que se investiguen de oficio los presuntos delitos económicos de la exmagistrada. La solicitud se basa en un dictamen técnico oficial elaborado por la Contraloría General de la República (CGR).
El órgano de control detectó un déficit patrimonial de G. 836.212.627 en las declaraciones de la exjueza, una millonaria suma cuyo origen legítimo no pudo ser acreditado.
“Exigimos a las Unidades de Delitos Económicos de la Fiscalía una auditoría patrimonial integral y el rastreo de activos para determinar la ruta del dinero de todos los presuntos cabecillas, operadores y exjueces vinculados a la red criminal. Hay claros indicios de enriquecimiento ilícito a costa del despojo sistemático a los ciudadanos”, reza el escrito.
Rechazo a la “benevolencia fiscal” con los notificadores
Uno de los puntos que mayor crispación causó en el colectivo de víctimas es el pedido de suspensión condicional del procedimiento dictado a favor de los exujieres notificadores Audrey Jazmín Galeano Mora y Alfredo René Benítez Cabrera, piezas clave encargadas de ejecutar los embargos.
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La Coordinadora calificó de “violenta y desproporcionada” la postura del Ministerio Público. Sostienen que una simple donación de dinero y reglas de conducta mínimas no representan una reparación justa para las familias que perdieron el sustento diario mediante notificaciones judiciales presuntamente falsas.
Denuncian además una extrema amabilidad fiscal hacia los ejecutores del esquema, la cual choca directamente con la implacabilidad y rapidez con la que los juzgados congelaron los salarios de los trabajadores.
Pedido de juicio político e indemnización
El comunicado también apunta hacia las máximas instancias del Poder Judicial. Las víctimas instaron formalmente a la Cámara de Diputados a estudiar los antecedentes remitidos para impulsar el juicio político contra aquellas altas autoridades que, por acción u omisión en la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, permitieron que esta red ilegal operara y se consolidara dentro de los Juzgados de Paz.
Finalmente, la organización catalogó como una condición irrenunciable que el Estado paraguayo cree mecanismos eficaces para la restitución total y la indemnización económica de cada guaraní sustraído ilegalmente a los obreros.
La Coordinadora se declaró en estado de alerta permanente y advirtió que, si la justicia no actúa con firmeza y pretende blanquear a los responsables, saldrán masivamente a movilizarse en las calles para defender el Estado de Derecho.
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